Trump se cobra su venganza contra Jeanette Vizguerra, destacada defensora de migrantes de Colorado
La activista indocumentada se refugió 90 días en una iglesia de Denver durante el primer Gobierno de Trump para evitar ser deportada


La activista mexicana Jeanette Vizguerra fue detenida la mañana del lunes por autoridades migratorias en Aurora, Colorado. “Mi mamá fue detenida el 17 de marzo afuera de la tienda Target en la que trabaja por un puñado de agentes de ICE y mientras estos se reían en su cara”, confirmó Luna Baez, una de las cuatro hijas de Vizguerra. La migrante lucha contra su deportación desde 2009, cuando fue detenida por un incidente menor de tráfico ocurrido en el área metropolitana de Denver. Vizguerra se convirtió desde entonces en una defensora de personas en su misma situación. Creó una red de santuarios dentro de varias iglesias del área, brindando protección a decenas de migrantes con delitos menores que enfrentaban el riesgo de ser expulsados de Estados Unidos.
La detención de la activista, quien lleva en el país desde 1997, cuando llegó para trabajar como conserje, ha provocado pequeñas manifestaciones afuera del centro de detención privado ubicado en Aurora, donde se encuentra recluida. Sus familiares aseguran que Vizguerra estuvo incomunicada por varias horas hasta que pudieron hablar con ella por primera vez tras la aprehensión la mañana del martes. “¡Sin odio y sin miedo, los inmigrantes son bienvenidos aquí!”, gritaban los manifestantes en apoyo de la defensora.
La organización sin fines de lucro American Friends Service Commitee ha puesto en duda la legalidad del arresto, pues Vizguerra habría sido capturada por agentes del Servicio de Control e Inmigración y Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) sin una orden de deportación firmada por un juez. El caso, señala el grupo en un comunicado, “tiene serios errores legales y existe una gran preocupación porque su derecho al debido proceso esté siendo violado”.
ICE, no obstante, rechaza la afirmación y señala que la activista cuenta con una orden de expulsión originada durante la Administración de Barack Obama. Esta fue generada después de que Vizguerra fuera detenida en 2009 por conducir un vehículo con una etiqueta vencida. Durante ese episodio se negó a responder si estaba legalmente en el país. Los agentes hallaron tras una revisión a su bolso un número falso de la seguridad social, por lo que fue acusada de un delito menor por poseer una identificación falsificada. Este es el único delito que tiene entre sus antecedentes en casi 30 años en el país y por el que pasó 21 días en prisión.
Las autoridades iniciaron entonces un tira y afloja para removerla del país. Ella acudió a los tribunales para frenar su deportación. Su historial, no obstante, refleja que se autodeportó a México en septiembre de 2012 para visitar a su madre moribunda. Volvió a cruzar a Estados Unidos en abril de 2013, lo que reactivó su persecución.
En febrero de 2017 las autoridades de ICE rechazaron una petición de Vizguerra de alargar su estancia dentro del país. Sus abogados notificaron al servicio de migración que esta no se presentaría ante los agentes para ser detenida y que optaría, en cambio, por refugiarse en el sótano de la iglesia First Unitarian Society de Denver para buscar protección. Los responsables de ICE desaconsejaban entonces realizar operaciones de captura dentro de los llamados “sitios sensibles”: escuelas, iglesias y algunos centros de trabajo. Donald Trump eliminó estas consideraciones al volver a la Casa Blanca en enero.
Vizguerra estuvo 86 días dentro de la iglesia para evitar su deportación. Abandonó su santuario cuando en mayo de 2017 cuando un tribunal le brindó una protección legal contra la expulsión por dos años. Unas 33 personas recibieron el beneficio. La historia de la activista rebasó las fronteras de Colorado y se convirtió en una noticia nacional en medio de la lucha contra las políticas de Donald Trump en su primera presidencia.
La revista Time nombró a Vizguerra como una de las voces más importantes de Estados Unidos en 2017. “La Administración Trump ha convertido a los inmigrantes en chivos expiatorios, y ha asustado a los estadounidenses hasta hacerles creer que indocumentados como Jeanette son criminales”, escribió la actriz America Ferrera sobre la activista en la edición de ese año.
En 2019, Vizguerra también solicitó un visado. Este le fue denegado por varios factores, entre los que se citaban su historial criminal, que había dejado expirar su pasaporte mexicano un par de años atrás y su trabajo como activista, pues la negativa mencionaba una entrevista que había dado a The New York Times para abogar por los derechos de los migrantes.
La detención ha generado varias reacciones en Colorado. Mike Johnson, el alcalde demócrata de Denver, repudió los hechos. “La detención no tiene nada que ver con seguridad. Esta es una persecución al estilo Putin de disidentes políticos”, aseguró Johnson en una reunión del consistorio. “Es madre de ciudadanos americanos, empleada de Target y líder de una organización no gubernamental que no tiene un historial de crímenes violentos”, añadió. Mensajes similares han sido emitidos por los senadores de Colorado, Joh Hickenlooper y Michael Bennet, quien subrayó su preocupación de que los derechos de la activista estén siendo violados.
El trumpismo, en cambio, ha celebrado la detención de una de las activistas más visibles en Colorado. “¡Finalmente!“, aseguró John Fabbricatore, un agente retirado que trabajó en los servicios de deportación del Gobierno de Estados Unidos. ”El Gobierno de Biden me impidió deportarla hace cuatro años (...) Es una criminal que odia a Trump y aboga por fronteras abiertas y por abolir ICE", escribió en X, antes Twitter.
La mayoría de las voces, no obstante, han agradecido el trabajo de Vizguerra por hacer visibles los problemas que los indocumentados enfrentan todos los días en Estados Unidos. “Es una de las voces más importantes en este país que exige una reforma migratoria justa y humana”, aseguró Rudy Gonzalez, presidente de Servicios Sigue, una organización de defensa a los migrantes de Denver. Otra activista, Raquel Lane-Arellano, ha calificado el arresto de “un ataque a todos los inmigrantes que defienden la dignidad y la justicia”.